«Fuerza mayor y responsabilidad concurrente de las Administraciones son las claves de la responsabilidad jurídica en la gestión del COVID” ha dicho Javier Moreno durante su intervención en la jornada de práctica jurídica organizada por Sham en Madrid
SHAM España, aseguradora especializada en responsabilidad civil, médica y patrimonial, celebró a finales de noviembre la edición 2021 de su foro REShE (Red Externa de Sham en España) donde se dieron cita algunos de los mayores expertos en el ámbito del Derecho Sanitario de nuestro país, entre ellos Javier Moreno, Socio Director de MBE Legal.
En esta ocasión, el tema central de la jornada fue el COVID, y todos los cambios que la pandemia ha suscitado en el ámbito sanitario, no sólo en lo que se refiere a la responsabilidad civil, sino también en su día a día. Por citar algunos de los más importantes, la digitalización, la medicina predictiva o la tecnociencia.
Durante su intervención, Javier Moreno, se ha centrado en el análisis jurídico de la responsabilidad por COVID y ha apuntado que uno de los aspectos a considerar es si existen elementos que pueden exonerar la responsabilidad por COVID, como es la fuerza mayor. También ha comentado que ya tenemos distintas resoluciones judiciales o dictámenes de órganos consultivos que valoran la responsabilidad por COVID y nos dan algunas pistas. Por ejemplo, se ha descartado que exista fuerza mayor en relación con el COVID en temas de contratos de sector público o en el suministro de EPIs al personal sanitario, pero no sabemos todavía si estos criterios serán aplicables a la responsabilidad patrimonial.
“Probablemente la fuerza mayor va a ser predicable del hecho pero no necesariamente va a suponer que se exonere de responsabilidad. Habrá que analizar cómo se ha hecho la gestión del COVID y si esa gestión ha incrementado o no el riesgo en el manejo de las situaciones. Y también habrá que tener en cuenta un criterio temporal, es decir, en qué momento se ha producido la actuación, porque no es lo mismo la primera etapa de la pandemia, cuando se declara el estado de alarma, que las oleadas sucesivas de COVID que se hayan podido producir.” – ha afirmado el abogado.
Otro ámbito a considerar, y muy importante, son las reclamaciones de los pacientes ante las administraciones. Javier Moreno propone que estas reclamaciones se centralicen en un solo expediente administrativo, teniendo en cuenta que la gestión final de la pandemia es el resultado de una actuación conjunta de las administraciones (por una parte el Estado y por otra las Comunidades Autónomas) y que existe una responsabilidad concurrente. Con esta fórmula -el expediente único- se simplifica tanto el expediente administrativo, como la reclamación judicial y se cumple con el artículo 33.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
El siguiente video resume las principales ideas aportadas por Javier Moreno durante el foro organizado en la escuela de práctica jurídica de Madrid por SHAM España.