En busca de la justa indemnización en casos de mala praxis en el ámbito sanitario

Cuando un paciente reclama daños y perjuicios por una atención sanitaria recibida, es responsabilidad de todas las partes realizar un análisis riguroso de la cuantía indemnizatoria. Justificar minuciosamente la cuantía solicitada y desglosar cada partida indemnizatoria, no solo facilita el trabajo del juez, sino que también mejora las posibilidades de llegar a una resolución negociada y justa del conflicto. Si bien la Ley 35/2015 y sus reformas proporcionan un marco mejor vertebrado para evaluar el daño, es la especialización de los letrados en la materia lo que permitirá alcanzar una justa indemnización para el perjudicado.

Cuando un paciente reclama una indemnización por supuesta mala praxis en la atención sanitaria recibida, busca reconocimiento y reparación del daño sufrido. Por eso, en la labor de elaboración de la demanda y de contestación a la misma, es de vital importancia analizar de manera minuciosa la indemnización que se está solicitando y valorar cuales serían las posibles partidas indemnizatorias que en derecho corresponden al perjudicado.

Este análisis no es trivial; la experiencia demuestra que será la clave para que pueda reconocerse una compensación acogida a los criterios de reparación íntegra del daño, vertebración y objetivación de la valoración que presiden la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Con sus múltiples supuestos y anexos, que se actualizan anualmente, la ley ofrece un marco exhaustivo para evaluar lesiones, y no solo las derivadas de accidentes de circulación, si no que su aplicación ha venido generalizándose con carácter orientativo en otros ámbitos como el de la responsabilidad por actos médicos o los accidentes de trabajo.

Corresponderá a la parte actora identificar y justificar los daños que resultan indemnizables de acuerdo a las lesiones sufridas por su representado, y a la parte demandada comprobar que estén debidamente justificadas y cuáles son los conceptos por los que debe indemnizarse de acuerdo al mencionado baremo.

Un análisis detallado de la cuantía reclamada en el escrito de demanda, apoyado por un informe pericial del daño, facilita al juez la fijación de una indemnización justa. También es fundamental para procurar una resolución negociada del conflicto, ya que se parte de una valoración objetiva y justificada del daño. De hecho, cada vez más letrados hacen participes a sus clientes de este ejercicio para que puedan conocer los criterios técnicos de fijación de la cuantía que finalmente se solicita.

De la misma forma, una impugnación de la cuantía solicitada bien fundamentada en el escrito de contestación a la demanda permite al Juez anticipar el estudio de la misma y plantear sus propias dudas a los peritos valoradores de una y otra parte, lo que sin duda enriquece el acto del juicio. Esta impugnación debe realizarse necesariamente en la fase de contestación a la demanda, en beneficio del propio procedimiento pues, de otra forma, se estaría postergando al acto de la vista y posteriores conclusiones este complejo debate.

Cabe, por último, resaltar la importancia de que ambas partes cuenten con peritos especialistas en valoración del daño sanitario pues, además de complejo manejo que exige el baremo per se, es preciso que estén familiarizados con la casuística propia de este ámbito del derecho, y que obliga a pronunciarse sobre el estado previo del paciente, factores correctores por incertidumbre en el nexo causal, la conocida como pérdida de oportunidad, o por una reducción en la esperanza de vida del paciente.

En MBE Legal contamos con abogados especialistas en el derecho sanitario y en la aplicación de la Ley 35/2015 y sus sucesivas reformas, lo que es fundamental para llevar a cabo un análisis experto de la cuantía en la búsqueda de la justa indemnización lo que, sin duda, favorece la resolución extrajudicial del conflicto en el beneficio de todas las partes.

Talía Roitman, abogada especialista en Responsabilidad Civil Sanitaria de MBE Legal, es la autora de este artículo.